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La silla vacía

Perú es uno de los países más peligrosos para quienes defienden el derecho a un ambiente sano. ¿Qué perdemos cuando se silencia a una persona defensora?

By PNUD Perú

June 5^th, 2023

Cuando despojan a una comunidad de su bosque ancestral, degradan sus montañas o contaminan sus ríos y lagunas, las personas no tienen más remedio que salir en defensa del territorio. Al hacerlo, incluso sin saberlo, están en la primera línea contra la crisis climática.

Sin embargo, esa defensa les está costando hasta la vida. Al enfrentarse a la minería y la tala ilegal, el narcotráfico y otras economías ilícitas, quienes defienden un ambiente sano y sostenible —derecho humano reconocido por Naciones Unidas— están siendo silenciadas.

Amenazas, ataques, acoso, criminalización y asesinatos son parte de la ola de violencia que ha hecho que América Latina sea la región más letal para quienes defienden este y otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales asociados al territorio y los recursos naturales.

En Perú, más de 20 personas defensoras —la mayoría indígenas— han sido asesinadas desde el año 2020 a la fecha, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Global Witness y Aidesep. Los crímenes se perpetraron, principalmente, en la Amazonía de Huánuco y Junín. Y la violencia no ha parado.

Por desgracia, cuando se silencia a una persona defensora perdemos parte de su lucha. La silla queda vacía, todo lo que defendían corre el mismo peligro en manos de sus agresores.

De ahí la urgencia de avanzar en su protección con, entre otras medidas, la ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado de Latinoamérica que incluye disposiciones sobre personas defensoras ambientales, y la adecuada aplicación del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

Sin embargo, también es indispensable hacer frente a las causas estructurales que perpetúan esa deplorable violencia, más aún en los pueblos indígenas u originarios. Es lo que viene haciendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con defensores, como Elsa Merma, Noé Neira, Trinidad Pérez, Ascencio Vásquez y Fernando Carpio, promoviendo la seguridad jurídica sobre sus territorios, fomentando el diálogo con distintos actores y, a la par, impulsando con las mismas comunidades distintos modelos para el desarrollo sostenible.

Aquí sus historias para que no permitamos que defender un ambiente sano sea casi una sentencia de muerte, para que no queden más sillas vacías.

Elsa Merma

Por Daniella Toce

La contaminación y el conflicto no son novedad en Espinar, en el llamado Corredor Minero de Perú. La provincia cusqueña, al sur andino, tiene una larga historia de extracción minera que ha traído consigo tensión y estallidos, así como esfuerzos de diálogo.

Para las comunidades campesinas de Espinar, la defensa del territorio está intrínsecamente ligada con la defensa del derecho a la vida y a la salud. Aunque la evidencia científica aún es incompleta al no haber una vigilancia epidemiológica permanente en la zona, un informe de Amnistía Internacional reportó que el 78% de las personas que conformaron la muestra tenían en la sangre niveles de metales pesados y sustancias tóxicas superiores a los valores de referencia.

“Estamos afectados por metales pesados, porque estamos en un territorio contaminado”, asegura Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K'ana, en Espinar. “No queremos más contaminación en nuestros cuerpos, en nuestra sangre”.

“Espinar es un pueblo combativo”, dice Merma. Cuatro décadas de actividades extractivas sobre el corredor minero han hecho de la provincia un foco de atención y conflicto. Así, generaciones de líderes han protestado durante años por la salud de las personas y su territorio. Y a cada estallido le han seguido intensos procesos de negociación y diálogo que, con algunos avances, retrocesos e incertidumbres, han buscado llegar a una suerte de acuerdo social de convivencia.

En 2006, Merma participó en la escuela de lideresas indígenas Micaela Bastidas en su provincia. Ahí, reforzó sus conocimientos sobre derechos humanos, la defensa del territorio y el ambiente. Lo que ella llama “la casa común” sirve no solo de hogar sino de sustento para miles de personas de Espinar y provincias aledañas.

En Espinar, el 84% de los suelos se usan para pastoreo, 10% para áreas de cultivo y el otro 6% para actividades varias, según estimaciones del Ministerio del Ambiente. Pero estas actividades se habrían visto afectadas por la contaminación, además de que los metales pesados pueden entrar al cuerpo al respirar aire contaminado, al consumir agua y alimentos o a través del contacto con polvo y suelos contaminados.

“Este es el capital de los comuneros, de las comuneras, con estas actividades mantienen a sus familias”, recalca Merma y es por eso que, junto a otros líderes, viene trabajando en informar de manera constante a sus comunidades, provincias y regiones sobre la situación del territorio y las vulneraciones a derechos.

Desde su programa de radio, “Promoviendo vida y dignidad”, Merma comunica en quechua qué es lo que está pasando en su provincia. “Buscamos el interés común, siempre nos ha gustado informar a otros pueblos, hemos sido parte de algunos encuentros, conversatorios, capacitaciones y congresos, a nivel regional, nacional e inclusive internacional. Analizamos y evaluamos qué es lo que está pasando actualmente, ¿qué afectaciones hay?”

Otras iniciativas están en marcha desde diversos sectores para fortalecer esfuerzos como este y brindar espacios formales de diálogo, como las mesas de trabajo sobre el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021–2025, el primero de su tipo en el país que busca fortalecer las políticas públicas que contribuyan a la promoción y el respeto de los derechos humanos de todas las personas y colectivos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lleva a cabo el Proyecto Global de Empresas y Derechos Humanos (B+HR), con financiamiento del Gobierno de Japón, apoya al Estado peruano en este proceso de implementación y descentralización del plan que contempla la instalación de mesas de trabajo integradas por sociedad civil, empresas privadas, sindicatos y gobiernos regionales.

En esa misma línea, también el PNUD tiene una iniciativa de monitoreo ambiental participativo, que este año implementará un programa formativo de vigilantes y monitores ambientales en territorios con actividad minera y petrolera, con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ministerio de Energía y Minas.

“Es importante vernos y tener diálogo para mirarnos no solo de lejos, sino sentarnos a dialogar y respetarnos mutuamente”, comenta Merma, quien ha participado en esta experiencia en Cusco. “Es bueno no vernos como enemigos. Entendemos que la empresa tiene sus derechos, pero nosotros como pueblos indígenas tenemos también derechos y tenemos que hacernos respetar, dialogar”.

El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos considera, además, un diagnóstico sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el Perú, que resulta fundamental en un país donde se ven sujetos de tantas amenazas. Según Merma, por defender la salud de las comunidades se han enfrentado a amenazas y hasta se les ha tildado de “azuzadores” y “terroristas”, una narrativa particularmente dura, considerando que la situación en Espinar ya ha cobrado vidas en el 2012.

“Muchas veces sentimos que nuestra vida está en peligro. No hay seguridad para dirigentes, defensores de los derechos humanos o defensores del ambiente”, afirma Merma y es que durante los últimos años, el Perú se ha vuelto un país hostil para las personas defensoras de derechos humanos.

La casa común, que alberga a todas y todos, conecta las luchas de defensa del territorio en todo el país. Lo que ocurra en un espacio repercutirá en los demás, y tanto Merma como otros líderes en el Perú sienten la pérdida de cada líder, tanto la amenaza como el duelo.

"Cuando vemos un caso que pasa en la selva, nosotros como defensores debemos pronunciarnos, no podemos dejar pasar las cosas. Pero es un desgaste emocional", expresa Merma. "Siempre decimos que los líderes somos fuertes, pero somos personas de carne y hueso y sentimos como todos, tenemos miedo de lo que nos puede pasar. Defender el territorio te cuesta la vida. Solo pedimos que nos respeten, nos escuchen y se haga justicia".

Fernando Carpio

Por Beatriz Schippner

La incursión del narcotráfico, la minería y la tala ilegal y el tráfico de tierras asedia a Puerto Inca, en la Amazonía peruana. Desde el año 2020 a la fecha, esta provincia en Huánuco se ha convertido en epicentro de los asesinatos a líderes indígenas. Además, concentra cuatro de los diez distritos más afectados por la deforestación a nivel nacional, según el Ministerio del Ambiente, con más de 251,000 hectáreas de bosques perdidos.

“No es justo que nuestros padres se hayan sacrificado tanto por hacer respetar estas tierras y que un grupo de personas sólo esté pensando en su beneficio y economía individual”, asegura Fernando Carpio Amaringo, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluentes (Feconapia). “Es necesario enseñar a los más jóvenes a trabajar por el bien de toda la comunidad”, remarca el líder indígena de esta organización que representa a ocho comunidades de los pueblos ashaninka, asheninka, shipibo-konibo, y yanesha en esta provincia.

A pesar de que Carpio aspira a construir esperanza para las próximas generaciones, la realidad en Puerto Inca parece darle la espalda. Tan sólo el año pasado asesinaron al menos a cuatro líderes indígenas, según Aidesep, en medio de una creciente ola de violencia generada por esas actividades ilícitas.

“Se tiene la idea que los defensores ambientales cuentan con apoyo y protección, pero eso no es así en Puerto Inca”, afirma Carpio. “Solamente se da a conocer lo que está sucediendo cuando los líderes están muertos. Antes de eso hay muy poco interés por la problemática y el abuso que vivimos día a día”.

Desde su comunidad Santa Teresa, a orillas del río Pachitea, Carpio es contundente con lo que se necesita en esta zona convulsionada por las economías ilegales. “Ante el caso omiso a nuestras denuncias, debemos ganar espacios para hacer respetar los intereses y derechos de nuestros pueblos”.

Para el líder indígena, la unión es fundamental. “Necesitamos la fuerza de los mismos pueblos para hacer sentir nuestra presencia, porque si no nos van a seguir discriminando”, y justificando como “ajustes de cuentas” los actos de violencia que han cobrado la vida de varios líderes.

Con ese fin, desde la Feconapia, Carpio viene trabajando con el Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía peruana, que lidera el Ministerio del Ambiente con la cooperación técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Esta iniciativa busca reducir la presión sobre los bosques, mediante la gestión adecuada de los recursos naturales y el apoyo a sistemas productivos sostenibles con un enfoque territorial integral. Para eso, contempla el fortalecimiento de la gobernanza indígena con el fin de encaminar a las comunidades hacia un progreso acorde con su cultura y su territorio. Esta estructura de gobernanza más sólida permitirá hacer frente a las actividades ilícitas que están devastando la Amazonía peruana.

Con el apoyo del proyecto, Carpio y otros líderes están forjando alternativas de desarrollo con la construcción de planes de vida, instrumento de planificación y gestión de las comunidades que sirve para priorizar emprendimientos sostenibles a favor del bien colectivo y en defensa de sus territorios y medios de vida.

“El plan de vida es una herramienta importante que facilita direccionar mejor el apoyo hacia las comunidades”, explica Carpio. “Una comunidad que no tiene plan de vida es más vulnerable a sucumbir ante las amenazas y las presiones”.

Asimismo, se busca reforzar los comités de control y vigilancia comunitarios y su equipamiento técnico para aumentar la capacidad de reacción de la población frente a invasiones y desmedro de los bosques.

“Ahora la juventud que viene de la ciudad pide su terreno y no se quiere involucrar en la problemática de la comunidad”, observa Carpio. “La mayoría piensa en vender y salir otra vez de aquí”.

Por eso, se está involucrando también a jóvenes, niñas y niños de las escuelas para la creación de Bosques de Niños, a fin de fortalecer su vínculo con el territorio y sus recursos naturales. Siguiendo la metodología Tierra de Niños de la Asociación para Niñez y su Ambiente, el objetivo es asignarles un área natural para que, previa capacitación, se encarguen del manejo y cuidado de ese espacio. “Y es que es doloroso que algunos vean la tierra como negocio, sin pensar que esa tierra puede servir a sus hijos y a las demás generaciones. Ese pensamiento buscamos cambiar en los jóvenes”, concluye Carpio.

Defender las lomas

Por Adriana Kato

Cuando la neblina y la garúa de Lima tocan los cerros en Villa María del Triunfo, el Rímac y Carabayllo, un manto verde de vegetación despierta cubriéndolo todo. Las amancaes (Ismene amancaes) florecen y aves como el turtupilín (Pyrocephalus rubinus) regresan a revolotear por las lomas de la capital, un ecosistema estacional y frágil que sobrevive cada año gracias al ímpetu de sus defensores.

Noé Neira es uno de ellos. Vive en el asentamiento humano Bellavista de Paraíso y lidera la Asociación Ecoturística Lomas de Paraíso, que se dedica a la protección y conservación de este ecosistema que solo reverdece en invierno (entre junio y octubre) mediante actividades de reforestación, educación ambiental y ecoturismo.

Por defender las lomas, a Neira lo vienen hostigando hasta el punto en que ha tenido que pedir garantías para su vida. Incluso, invasores y traficantes lo acusan de amenazarlos. Lo pintan como un matón, cuando es todo lo contrario. “Aquí corre mucho dinero, cada terreno que se ve allí cuesta 10.000 soles (USD 2700) y en ese espacio no más, hay más de 40”, comenta.

En la última década, en Lima se han perdido muchas hectáreas de lomas y el deterioro ha sido constante, principalmente, por las invasiones y el tráfico de terrenos. Solo entre 2011 y 2017 desaparecieron las lomas de Cerro Negro y en ese mismo periodo se perdieron más de 322 hectáreas en las lomas de Mangomarca.

Desde fines del 2016 hasta 2021, la iniciativa Eba Lomas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con financiamiento del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF), trabajó en proteger, conservar y gestionar de manera sostenible los ecosistemas de lomas en Lima. Una de las estrategias principales fue la formalización de la Red de Lomas del Perú, donde asociaciones sin fines de lucro y personas conservan y ponen en valor estos ecosistemas. Su presidente es Ascencio Vásquez, quien ha sido homenajeado por el Congreso de la República que le brindó el reconocimiento de Defensor Ambiental.

Por defender lomas, Vásquez ha tenido que abandonar su hogar en varias oportunidades. Traficantes de terrenos lo amedrentaban para que deje de denunciarlos. La defensa fue ardua y tuvo que recurrir a un sinnúmero de instituciones para lograr el desalojo de las invasiones.

“Quien invade las lomas con el fin de vender el terreno, no es una persona conversable, viene con armas y las amenazas son constantes”, declaró Vásquez hace unas semanas a un diario nacional. “Gritan cosas como ‘te vamos a matar, eres un hombre muerto, conocemos a su familia’”.

Trinidad Pérez lo sabe bien. Una tarde afuera de un colegio, la empujaron al suelo y la golpearon. No le robaron nada. Pararon de violentarla gracias a que apareció uno de sus vecinos. “Si no Dios sabe qué hubiera pasado”, asegura. Tiene la certeza de que esto sucedió para asustarla, para que deje de defender las lomas de Amancaes. Las amenazas siguieron.

Otra estrategia para apoyar a quienes defienden las lomas fue la conservación legal de este ecosistema. A pesar de su valor, hasta hace unos años no existía una forma que las protegiera legalmente. Por eso, la iniciativa impulsó distintas modalidades de conservación, por ejemplo, la primera Área de Conservación Regional de la capital: Sistema de Lomas de Lima, que protege 13 475 hectáreas en propiedad estatal.

Sin embargo, las invasiones han continuado. “Nos dicen 'por qué defienden, quién los manda a defender'. Como ciudadana tengo derecho a denunciar algo ilícito. Observar y callar es apoyar y no soy de las personas que van a hacer eso”, declaró Pérez a un medio nacional. "Lima no tiene suficientes parques para garantizar la descontaminación. ¿Por qué no pueden cuidar las lomas que ya están allí?".

Es lo que ella sigue haciendo. Va, reforesta, cuida las lomas. No sube sola, la acompaña una veintena de escolares. En el trayecto, conversan con entusiasmo.“Cuando seas grande vas a venir y te sentarás debajo de este árbol al que ahora echas agua. ¿No te gustaría?”, les anima. Unos dicen que sí, discuten, sacan sus conclusiones. “Tengo esperanza en esta generación, les digo que deben defender las lomas porque tienen derecho al aire sano, vivir en un cerro no significa que hay que crecer entre la basura”.